Sin garantías

La universalidad de los derechos humanos es un principio incuestionable. No obstante, si analizamos la realidad internacional podemos comprobar cómo esos derechos que se suponen inalienables para todos los seres humanos son quebrantados con total impunidad. La aplicación de un doble rasero por los gobiernos de las grandes potencias ha dado razones a los que ponen en tela de juicio esa universalidad de los derechos humanos. La hipocresía y la selectividad ya patentes se hicieron más notorias a raíz de los atentados del 11 de septiembre y sirvieron como justificación para formar una alianza en la “guerra contra el terrorismo”.

Varios gobiernos guardaron silencio sobre los abusos cometidos por aquellos que se definían como sus aliados. Los mismos gobiernos que denunciaban los abusos cometidos contra las mujeres por los talibanes en Afganistán no se pronunciaron sobre su situación en Arabia Saudí. Los que condenaban la violación de derechos humanos en Irak no hicieron lo mismo con respecto a los abusos cometidos por las tropas rusas en Chechenia.

Cuando las prioridades en materia de derechos humanos se pueden modificar con arreglo a los intereses de las grandes potencias, la universalidad de éstos queda en entredicho. En los últimos años, se ha aceptado el concepto subjetivo de “terrorismo” que hace que los Estados condenen la violencia de sus adversarios y toleren las de sus aliados. No se pueden garantizar los derechos humanos si éstos se interpretan de forma arbitraria. El derecho a la vida, a la integridad física y mental, a nos ser detenido arbitrariamente, a la libertad de expresión o a vivir dignamente son derechos que deben respetarse y garantizarse por todos los gobiernos.

 La utopía africana

Los homicidios, los secuestros y las violaciones por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición siguen teniendo un carácter generalizado en los conflictos armados de la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Sudán y Uganda. Los avances logrados gracias a la firma de diversos acuerdos de paz siguen siendo muy frágiles en países como Burundi o Costa de Marfil. Los conflictos armados siguen siendo el principal obstáculo para el continente africano en su desarrollo político, económico y social. Buen ejemplo de esto lo encontramos en Darfur (Sudán), donde las actuaciones de las milicias respaldadas por el gobierno se traducen en homicidios, expulsión de los hogares y violación de los acuerdos de alto el fuego. La población civil sigue siendo la principal afectada de las confrontaciones políticas y de la lucha armada. Las torturas y las violaciones siguen perpetrándose en la República Democrática del Congo prácticamente a diario. Hablamos de un continente donde la proliferación de armas pequeñas es una de las principales causas de los abusos contra los derechos humanos.

A esta situación de conflicto casi permanente hay que unir la represión política de los gobiernos que restringen por ley derechos como la libertad de expresión y de asociación. Incluso se puede llegar al extremo de permitir a las milicias juveniles atacar impunemente a las personas consideradas críticas por el gobierno de turno, como ocurre en Zimbabwe. De hecho, las autoridades hacen la vista gorda cuando deberían llevar ante la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en la violación de derechos humanos en el ejercicio de su cargo.

Sin embargo, hay que destacar que durante 2004 se amplió el papel de misiones de mantenimiento de la paz en África con el despliegue de las tropas de la ONU -cuya misión principal era la protección de los civiles-. Asimismo, mediante el empleo de los mecanismos de justicia se registraron novedades en el tratamiento de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos en los conflictos armados. Como ejemplo, encontramos los juicios en el Tribunal Especial de Sierra Leona contra las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional como la esclavitud sexual. Pero, por otra parte, con relación a estos abusos, hay que reseñar que las mujeres y las niñas siguen siendo utilizadas como arma de guerra y en muchos países los niños siguen reclutándose como soldados.

Es evidente que con esta situación, es difícil garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población africana. La situación económica sigue siendo muy grave. La corrupción generalizada y la explotación ilegal de los recursos naturales fomentan que muchas personas se vean privadas de los derechos más básicos como el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda o la educación. A esto contribuye el hecho de muchos gobiernos llevan a cabo políticas discriminatorias que dificultan la garantía de los derechos de los sectores marginados.

 

Se han dado algunos pasos, sobre todo enfocados al Norte del continente, para fomentar el desarrollo en la región. Se ha apoyado por parte del G8 la Iniciativa para el Gran Oriente Medio y Norte de África; un plan de cooperación para impulsar las reformas democráticas, sociales y económicas y las garantías en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Por su parte, el nuevo Código de Familia de Marruecos ha mejorado el marco jurídico de los derechos de las mujeres.

 La “guerra contra el terror” americana

El desprecio por el derecho internacional humanitario y las normas internacionales sobre derechos humanos en la “guerra contra el terror” sigue estando patente en la Administración Bush, que se ha erigido en numerosas ocasiones como la mayor defensora de los derechos humanos en todo el mundo. Las torturas infligidas a detenidos bajo la custodia de EEUU en la prisión iraquí de Abu Ghraib, los crímenes de guerra en Irak y los indicios de tortura y malos tratos a detenidos bajo custodia estadounidense mostraron la verdadera política sobre derechos humanos de EEUU: sacrificarlos con el pretexto de la seguridad.

Esta “guerra contra el terror” y la “guerra contra las drogas” caracterizan las relaciones de EEUU con Latinoamérica. Prueba de esto es que EEUU duplicó el máximo de efectivos desplegados en Colombia en operaciones de contrainsurgencia y antinarcóticos.

La situación en Latinoamérica no es mucho mejor. La violencia y la represión política siguen marcando el modus operandi de gran parte de los gobiernos de la región. La población civil se encuentra en el punto de mira de las partes implicadas en los conflictos: las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el gobierno y los grupos armados de la oposición. Pero a pesar de algunas resistencias, continuaron los avances en la región para combatir la impunidad por las graves violaciones de derechos humaos perpetradas en las últimas décadas. Sin embargo, son muchos los gobiernos que se niegan a juzgar a los militares por tribunales civiles.

Este conjunto de circunstancias no hace más que acentuar las crecientes diferencias en cuanto a los niveles de riqueza que derivan en importantes desigualdades en materia económica y en el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el agua y la electricidad. A esto se suma la facilidad para conseguir armas y las frecuentes escaramuzas fronterizas que provocan una situación de alerta permanente.

Sin embargo no hay que dejar pasar el compromiso de algunos gobiernos a apoyar el trabajo de los activistas de derechos humanos, aunque algunos menoscabaron la solidez de estos compromisos tolerando declaraciones calumniosas de altos cargos contra ellos.

EEUU continuó presionando a los gobiernos de la región para que firmaran acuerdos de inmunidad ilegítimos que impedían la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal Internacional bajo amenaza de cortar la ayuda al desarrollo a determinados países. Y, bajo la presión internacional, se sigue ejecutando la pena de muerte a menores de edad o discapacitados mentales contraviniendo una vez más las normas internacionales que tanto aboga.

 La duda asiática: el ejemplo de Oceanía

Los derechos humanos desempeñaron un papel central en las elecciones celebradas en 2004 en la región. El peso que cuestiones como la pobreza, la lucha contra el terrorismo y la impunidad tuvieron en los programas políticos revitalizó la necesidad de protección de los derechos universales en países como Afganistán, Australia, Camboya, India, Indonesia o Filipinas.

Sin embargo estos avances encuentran casi siempre oposición en el continente asiático. Como ejemplo, Bután, Brunei y Maldivas, que realizaron intentos de democratización y perfeccionamiento de los derechos humanos y se vieron envueltos en numerosas protestas. En Maldivas, las manifestaciones en apoyo de una declaración de reformas acarrearon el establecimiento del estado de excepción, detenciones colectivas y la reclusión arbitraria de numerosos activistas y parlamentarios. La represión de la disidencia política también está presente en China, Corea del Norte o Vietnam. Esta represión es ejercida por el ejército y los grupos políticos armados en países como Indonesia o la India donde no existe el derecho a un juicio justo: “aquellos que pongan en peligro la estabilidad del régimen deben ser eliminados”.

La lucha contra presuntos simpatizantes del régimen talibán o de Al Qaeda se ha convertido en una persecución constante en la que las detenciones arbitrarias y la reclusión sin poder acceder a autoridades judiciales se ha convertido en una práctica habitual, como lo es en China o Pakistán.

Diferentes Estados han adoptado una política de arresto inmediato en materia de seguridad. Entre Irán, Arabia Saudí, Yemen y otros países del Golfo se efectúan traslados de sospechosos, según Amnistía Internacional, por motivos de seguridad sin haber comprobado si los reclusos tendrían garantizados sus derechos. Son frecuentes las detenciones arbitrarias, torturas, los malos tratos y los juicios injustos.

Mención aparte merece la situación de las mujeres que sometidas a la voluntad del varón. Hablamos de una región, como Afganistán, donde las mujeres son encarceladas por ser acusadas de fuga del hogar, adulterio y otras formas ilícitas de relación sexual fuera del matrimonio.

 El conflicto entre israelíes y palestinos

En los territorios ocupados, si bien es cierto que algunas colonias ha sido desmanteladas, el ejército israelí sigue contraviniendo las normas de derecho internacional al no cumplir los acuerdos de Oslo y con graves carencias en la puesta en práctica de la Hoja de Ruta- una Hoja de Ruta que los palestinos tampoco han cumplido-. Los homicidios y el derribo de viviendas siguen estando a la orden del día y, a pesar de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, Israel prosigue con la construcción del muro en Cisjordania.

 

Asia ha albergado diferentes reuniones internacionales sobre derechos humanos como el Foro Social Mundial o el Foro de Instituciones de Derechos Humanos Nacionales de Asia y Oceanía. Son pequeños avances en una región que hasta hace poco la Constitución, por ejemplo la afgana, no reconocía la igualdad ente hombres y mujeres. El freno al avance lo ponen, en muchas ocasiones, los propios gobiernos que acusan de subversión o de delito contra la seguridad nacional a los defensores de las reformas y a activistas de la sociedad civil.

Pero podemos hablar de interesantes iniciativas llevadas a cabo en Oriente Medio. La Unión Europea sigue comprometida con los Estados de la región mediante los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación y Diálogo con Libia, Irán y los Estados del Golfo Pérsico. La Liga de Estados Árabes ha adoptado una versión revisada de la Carta Árabe de Derechos Humanos y se han llevado a cabo diversas iniciativas regionales como la campaña para combatir la violencia contra las mujeres en Ammán o la Organización Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y Libertades en Yemen.

 

 La falta de voluntad en Europa

“La guerra contra el terror” también se extiende por Europa. La muestra más reciente la encontramos en unas imágenes en las que se puede ver como un grupo de militares británicos agredían a jóvenes iraquíes.

En Europa se practica constantemente una doble moral. En Uzbekistán, se condenó a decenas de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo después de juicios sin las garantías procesales requeridas. Y, por otra parte, las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa gozan de impunidad respecto a los abusos perpetrados en Chechenia.

Un ejemplo más lo encontramos en el Reino Unido. La instancia judicial más alta del país resolvió que era ilegal la detención indefinida sin cargos ni juicio de presuntos terroristas internacionales extranjeros. Pero en la práctica, los detenidos seguían bajo arresto un año después. El debate actual en Europa se centra en el endurecimiento de las leyes en la ya mencionada “lucha contra el terrorismo” en detrimento de ciertas garantías, libertades y derechos fundamentales.

A pesar de lo logros conseguidos, la discriminación por motivos raciales sigue siendo una de las principales amenazas en el continente europeo. En los países de la ex Yugoslavia, numerosas personas que tratan de reconstruir sus vidas después de verse desplazadas por la guerra, siguen sufriendo discriminación por motivos étnicos –sobre todo en el acceso al trabajo, la educación y la asistencia médica-.

Entre los más afectados se encuentran los inmigrantes y solicitantes de asilo. El ejemplo más claro lo encontramos en las revueltas que se produjeron en Francia a finales del pasado año. Unas revueltas que reflejaban la impotencia de la comunidad inmigrante ante la falta de atención y oportunidades de un gobierno francés que se ha erigido como defensor de la integración. Tampoco son de menor calado, las confrontaciones y persecuciones en países del Norte contra colectivos gays, negros o transexuales.

La falta de voluntad política y las deficiencias de los sistemas judiciales se ponen de relieve cuando bajo la supuesta protección de las autoridades de Bosnia Herzegovina, Croacia y Serbia y Montenegro, algunos presuntos criminales de guerra siguieron eludiendo la detención. Sin embargo, cabe destacar las últimas detenciones que han puesto bajo custodia del Tribunal Penal Internacional a ex dirigentes militares acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Es interesante el contraste que se puede apreciar entre países oeste de Europa y los del Este en materia de represión. En España, Francia o Italia son frecuentes las manifestaciones populares mientras que en Turkmenistán o Turquía se prohíben ciertas manifestaciones y en Rusia son perseguidos los activistas de derechos humanos que intentan llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos los abusos cometidos en Chechenia. Como ejemplo, encontramos la reciente ley sobre ONG´s en Rusia que delimita su campo de actuación y controla su financiación.

 

Podemos decir que Europa es un continente activo en cuanto a la defensa de derechos humanos. La Unión Europea incorporó su Carta de Derechos Fundamentales al nuevo tratado constitucional y decidió crear un organismo de derechos humanos. Por su parte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia hicieron varias recomendaciones de política general sobre las formas de lucha contra el antisemitismo y el racismo a la misma vez que se combate el terrorismo. Y más recientemente, y tras las oleadas de violencia suscitadas por las caricaturas de Mahoma, la ONU está estudiando incorporar en la defensa de los derechos humanos la condena contra la blasfemia. Estas medidas deben servir para cambiar la complaciente actitud de la UE sobre la observancia de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras.

 

 Problemas comunes

Los intereses económicos, la hipocresía política y la discriminación socialmente organizada siguen alimentando los conflictos armados en todo el mundo. La “guerra contra el terror” ha sido más efectiva en la erosión de los derechos humanos que en la efectiva lucha contra el terrorismo internacional. Los conflictos armados siguen provocando miles de víctimas a manos de los grupos armados. Unos enfrentamientos cuyas consecuencias padece la sociedad civil que vive en ínfimas condiciones de vida, sin la garantía de los derechos más básicos, como la alimentación o la sanidad.

Las violaciones y tratos degradantes de la mujer en todos los continentes sigue siendo un problema esencial para garantizar la igualdad en cuanto al acceso y disfrute de los derechos humanos. También las comunidades marginadas vieron mermados sus derechos económicos, sociales y culturales.

Pero por la pasividad o por la tolerancia de algunas prácticas en ciertos países, ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales son capaces de atajar las violaciones de los derechos humanos que se cometen en todo el mundo. En muchos países justicia no es sinónimo de imparcialidad. La ausencia de garantías penales y procesales y la detención arbitraria son una práctica habitual en numerosas regiones. Unos juicios injustos que pueden acabar en con la pena de muerte.

La represión a la que se ven sometidos aquellos que se muestran contrarios a un régimen puede acabar en detenciones y arrestos. De la misma forma, gozan de impunidad muchos de los miembros de los gobiernos o de las fuerzas de seguridad.

La precaria situación que se vive en muchos países obliga a numeras personas a migrar a otras regiones. El problema de los refugiados sigue sin encontrar una solución definitiva: muchos son expulsados y otros viven en la marginalidad y la discriminación. Una marginalidad que también sufren las minorías étnicas y culturales.

 

En la lucha por la conquista y la garantía de los derechos humanos, son muchas las organizaciones y los activistas que encuentran trabas en los países en los que trabajan. Son muchos los gobiernos que limitan su actuación y controlan las actividades que desempeñan. El objetivo de este tipo de políticas es controlar el sistema, someter a los individuos e imponer sus normas. Unas políticas que se ejercen al margen y contraviniendo los derechos humanos que, por este tipo de actuaciones, están dejando de ser universales e inalienables en gran parte del mundo.