Una carga de dos billones de dólares

En julio de 1944 delegados de cuarenta y ocho países se reunieron en Bretton Woods, EEUU, para establecer un sistema monetario que pusiera orden en los mercados cambiarios y favoreciese el comercio internacional. Como resultado de esta conferencia, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF) -posteriormente, Banco Mundial (BM)-. El FMI se creó con el objetivo de estabilizar los intercambios de divisas asegurando la estabilidad cambiaria. El BM se fundó con la misión de proporcionar créditos necesarios para que las bases productivas de los países pudieran conformarse y producir lo necesario para generar bienestar.

Sin embargo, las funciones de estas instituciones financieras y su puesta en práctica se han ido desvirtuando según la orientación de grandes potencias desarrolladas al servicio del gran capital. Ya en su constitución, hubo una falta de atención casi inevitable a los intereses de los PVD. La mayoría de ellos eran aún colonias y, por lo tanto, no estuvieron representados en Bretton Woods. EEUU logró imponer sus normas: un sistema de cambios fijos y la paridad establecida en relación al oro o el dólar estadounidense. Así, hablamos de un orden económico internacional impuesto por las grandes potencias que ejercen su influencia a través de las instituciones financieras multilaterales.

En este orden económico, los países del sur se vieron ante la necesidad de endeudarse ante la ausencia de recursos monetarios nacionales suficientes para superar la pobreza. Una situación que, a su vez, se deriva de la particular forma de inserción en el actual orden económico internacional adaptando sus economías naturales. Hablamos de escaso acceso al mercado, bajadas de precios de sus exportaciones o proteccionismo de los mercados del norte. Esto hace que, ante la imposibilidad de producir suficientes recursos internos para financiar los cambios necesarios en su estructura productiva tengan que buscar esa financiación fuera, acogiéndose al endeudamiento externo.

Éste es un proceso cíclico. Para pagar la deuda, necesitan dinero y, para obtener dinero, necesitan endeudarse. Esta deuda económica se traduce en una deuda social ante la explotación del propio país por parte de los acreedores empobreciéndooslo aún más si cabe.

Con ingresos suficientes, los gobiernos apelan a nuevos endeudamientos. Necesitados de recursos y presionados por nuevas condiciones crediticias, los Estados tienen que recurrir a la creación de nuevos impuestos -y al incremento de los ya existentes-, al aumento sistemático de las tarifas en los servicios públicos, al endeudamiento interno y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Todo ello es producto de la imposición de modelos de desarrollo incompatible con las condiciones propias de la región. En estas circunstancias, alcanzar niveles de desarrollo y de sistemas de distribución que garanticen una calidad de vida digna se antoja como un objetivo casi inalcanzable.

Un país, como hemos visto, necesita tener medios de pago internacionales. Para obtener las divisas necesarias destinadas a afrontar los pagos se puede recurrir a varias fuentes como el producto de sus exportaciones, el ahorro interno o las reservas de divisas. Si estas fuentes no son suficientes o no disponen de ellas, se recurre a nuevos préstamos.

La deuda de los países del Tercer Mundo crece año tras año de forma desmesurada. Se encuentran en una espiral continua donde se contraen nuevos préstamos para pagar los intereses de los anteriores. Las obligaciones internacionales de estos países crece mucho más rápido que su capacidad de pago, lo que genera consecuencias sociales muy graves.

 

Ante esta situación de endeudamiento y los desequilibrios que provoca en la balanza de pagos, el FMI ha marcado sus objetivos inmediatos: asegurarse de que los países deudores paguen sus deudas para poder salvar de la banca rota a los poderosos bancos de los países ricos. A la misma vez, ofrece préstamos a corto plazo –condicionados- para que los países del Tercer Mundo puedan seguir pagando sus deudas. Como se puede apreciar, en instituciones financieras se trabaja con criterios fuertemente economicistas en lugar de criterios basados en un desarrollo centrado en el hombre y no sólo en el crecimiento de su PIB.

Es curioso, sin embargo, que las grandes potencias nunca o casi nunca han pagado sus deudas. Si, por ejemplo, los países latinoamericanos recibieran un trato similar al de Alemania y otros países europeos después de la IGM, la deuda latinoamericana debería reducirse en más del 50%.

Políticas de ajuste

Las medidas que se toman desde el FMI y el BM ante la situación de los PVD se aglutinan en los llamados Planes de Ajuste Estructural Reforzado. Estos planes incluyen una subida de impuestos para aumentar las contribuciones y equilibrar los presupuestos, la supresión de controles sobre los precios y los tipos de interés, la privatización de las empresas públicas, la reducción de aranceles aduaneros y de reglamentaciones laborales, la devaluación de la moneda local, la orientación del sector productivo al sector exportador y la limitación y el control del gasto público. Estas actuaciones, impulsadas desde el FMI, tienen consecuencias en el desarrollo humano como la sobreexplotación de recursos, la reducción de gastos sociales y el cierre de empresas locales ante la nueva competencia exterior.

Estas políticas de  ajuste, que se imponen a los países deudores, llegan a ser económicamente recesivas y socialmente regresivas pues el único objetivo del FMI es que los deudores paguen sus deudas. Con estas iniciativas, la espiral de deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente. Esto hace que los países del Tercer Mundo se encuentren muchas veces ante la imposibilidad de pagar la deuda en las condiciones pactadas.

Las políticas de ajuste son la condición que se impone a los países deudores que necesitan imperativamente negociar la deuda y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales. Algunos de los “principios rectores” que imponen el FMI y el BM en esa negociación son la apertura de los sectores que ha estado protegidos frente a competencia del mercado y la eliminación de subvenciones, contener la demanda global y flexibilizar el control de precios y de restricciones comerciales. Estas medidas facilitan la entrada de capitales y un mayor control de la economía interna.

A menudo, se han impuesto políticas de liberalización financiera y la apertura en la cuenta de capital de la balanza de pagos. De este modo, el país receptor queda sujeto a la libre entrada y salida de fondos quedando sometido a los flujos de capital, el nivel de la tasa de interés y la actividad especulativa. Se impone una política de altas tasas de interés y bajo gasto público en un esfuerzo por mantener la confianza de los inversores extranjeros. El verdadero problema es que se implantan en los PVD políticas que no se adecuan a las necesidades de estos países.

Por estas razones, el FMI y el BM han sido duramente criticados, debido al impacto social de esas políticas que desarrollan en los PVD. Los efectos sociales adversos son provocados por diversas medidas como la contracción monetaria y fiscal, que derivan en cierre de empresas, desempleo o tasas de crecimiento negativas, o los recortes en el gasto público que restan recursos para la educación o la sanidad. La eliminación o reducción de subsidios gubernamentales incrementa el costo de vida en países donde no hay recursos suficientes. Esto contribuye a aumentar la pobreza y el desempleo, a la pérdida de ingresos y a la reducción del acceso a bienes y servicios esenciales.

 

 La política de condicionalidad

Las condicionalidades asociadas a los préstamos del FMI y del BM han delineado las economías y el desarrollo social de los países que reclaman este tipo de ayudas. En primer lugar, cabe destacar el hecho de que la ayuda está disponible para aquellos países cuyas situaciones de política interna, política exterior, política de exportación o tratamiento de las inversiones extranjeras privadas, se consideren “convenientes” de forma que no amenacen determinados intereses.

Hablamos de unas condiciones o requisitos que se endurecen y se piden a los países que solicitan los préstamos que, en muchas ocasiones, no están en disposición de cumplir por su situación económica, política o social. A los países que no pueden pagar las deudas y solicitan estas ayudas se les pide más condiciones, más pagos, que engrosan esa deuda y los sume aún más en una situación de pobreza extrema. Estas condiciones, además de hacer una distinción entre países aumenta la desigualdad ya existente entre ellos.

Muchos de estos países tienen que acceder a ciertas condiciones como la explotación de sus recursos, la ingerencia en su economía interna, los flujos de capital extranjero sin control o la actividad especulativa.

Son condiciones que se imponen a una economía debilitada que con estas directrices ve mermadas todas sus posibilidades de desarrollo. Así, los pocos beneficios que puedan tener van disminuyendo como consecuencia de la entrada de productos y capitales externos. Estos requisitos, en vez de flexibilizarse para hacerse más asequibles, se endurecen. Por parte del FMI se solicita una doble condicionalidad: económica y jurídica. Esto, como hemos apuntado, se deriva en una fuerte discriminación ya que la mayoría de los PVD sólo pueden acceder a estos créditos condicionados debido a su débil política económica y financiera.

 

Actualmente, la deuda externa de los países del Tercer Mundo asciende a algo más de dos billones de dólares y tiene como resultado una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte. Por tanto, es una deuda que interesa a las grandes potencias.

Es curioso señalar que descontando los intereses, los intereses de los intereses, los gastos y las comisiones, la deuda habría sido ya totalmente pagada. Ésta es la causa de un enriquecimiento sin causa de los acreedores, que mantienen las obligaciones de los PVD a pesar de que las condiciones de la misma han cambiado. Por otra parte, los países acreedores siendo expoliando a los países deudores incluso en aquello que es esencial para la población.

 

Para salir de este atolladero y fomentar el desarrollo de los países del Tercer Mundo, es esencial condonar la deuda (porque ya ha sido pagada) y, sobre todo, teniendo en cuenta que es imposible llegar a pagarla –pero sigue dando beneficios a los más ricos y empobreciendo aún más a los más pobres-. Sería interesante realizar políticas de crecimiento económico, que para que sean estables deben estar acompañadas de una política de redistribución de ingresos, de pleno empleo y de ampliación de servicios sociales, justo lo contrario de las políticas que impone el FMI. También es fundamental reconocer un precio internacional equitativo a las materias primas y productos de los países pobres.

Estas medidas, lejos de poder realizarse a corto plazo, abren las puertas a otras iniciativas que mejoren la situación de los PVD. Hoy en día no existe un sistema por el que el país deudor y los acreedores se reúnan para coordinar sus actuaciones. Se precisa un sistema integral de arbitraje y refinanciación de las deudas y un mayor control de los flujos de capitales extranjeros (en muchas ocasiones, los PVD se enfrentan a masivas fugas de capitales). Hablamos de una revisión de la política macroeconómica de las instituciones financieras: de su presupuesto y el gasto público, la oferta de dinero, las tasas de interés, los tipos de cambio o la regulación de las cuentas de capital.

Pero sólo se podrá erradicar el problema si los países del Tercer Mundo tienen derecho a participar en la reformulación de las políticas de forma que se ajusten a sus necesidades e intereses. Éste es el principal problema: la adecuación de las condiciones a los intereses de los países deudores. La aceptación de condiciones impuestas desde fuera se ha comprobado que no lleva a buenos resultados para el desarrollo. El derecho a participar en la planificación de las políticas es un elemento fundamental para una condicionalidad adecuada y su posterior implementación.